América Latina – CriminonEC

América Latina tiene algunas de las tasas de criminalidad más altas del mundo. El narcotráfico alimenta la mayor parte de estos delitos, dejando a su paso una destrucción incalculable. El narcotráfico provoca homicidios, robos y agresiones, reduciendo tanto la calidad de vida como el Índice de Desarrollo Humano de muchos países latinoamericanos. (El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es una medida de logros en áreas de desarrollo humano).

Estadísticas sobre la criminalidad en América Latina

Aunque América Latina contiene sólo el nueve por ciento de la población mundial, la región es responsable de alrededor del 40 por ciento de los asesinatos globales. Es la única zona del mundo donde la tasa de homicidios está aumentando, no disminuyendo, y los países que contienen los principales nodos del tráfico de drogas son los más afectados. Estas áreas son propensas al tráfico y al crimen concomitante cuando los gobiernos y las fuerzas policiales son vulnerables a la corrupción y las amenazas de violencia por parte de los cárteles.

A continuación presentamos una instantánea de 14 capitales de América Latina y sus tasas de homicidio:

Caracas, Venezuela: 76 por 100.000
Ciudad de Guatemala, Guatemala: 42,5 por 100.000
Tegucigalpa, Honduras: 41 por 100.000
San Salvador, El Salvador: 35,3 por 100.000
Puerto España, Trinidad y Tobago: 24,5 por 100.000
Distrito de Panamá, Panamá: 18,5 por 100.000
Ciudad de México, México: 17,6 por 100.000
Montevideo, Uruguay: 14,7 por 100.000
Bogotá, Colombia: 14,3 por 100.000
Brasilia, Brasil: 13,7 por 100.000
San José, Costa Rica: 12,9 por 100.000
Santo Domingo, República Dominicana: 10,4 por 100.000
Lima, Perú: 8 por 100.000
Managua, Nicaragua: 6,6 por 100.000

Para poner estas cifras en perspectiva, la tasa mundial de homicidios es de 7,6 homicidios por 100.000 habitantes, según la Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y Desarrollo. La mayoría de las capitales latinoamericanas tienen tasas de homicidio significativamente más altas que el promedio internacional.

Justicia penal en América Latina

Varios factores influyen en la justicia penal en América Latina. Del libro Crimen y Justicia en América Latina de Carlos J. Vilalta, “Lo que típicamente se sabe sobre el crimen y la justicia en América Latina es que el país tiene la tasa de violencia más alta del planeta; ha experimentado profundas transformaciones económicas y políticas, por lo que muchos estados latinoamericanos son débiles y carecen de capacidad institucional para controlar el crimen, y sus sistemas de datos sobre el crimen están en su infancia”.

Una combinación combustible de potencias coloniales salientes, pobreza extrema, creciente presencia de cárteles de la droga, corrupción en la policía y el liderazgo político, falta de infraestructura e intervención extranjera encubierta ha creado una desestabilización y un crimen continuos en la región.

El alcance completo de los factores que influyen en la delincuencia en América del Sur se puede comprender examinando los patrones de consumo de drogas ilícitas y trata de personas en todo el planeta.

Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas ilícitas del mundo y la proximidad de los países latinoamericanos a Estados Unidos facilita el cumplimiento de la demanda. El consumo de drogas ilícitas está aumentando en Europa y se han establecido puntos de transbordo en América del Sur para satisfacer esa demanda. Además, y trágicamente, algunas zonas de América del Sur son centros de trata de personas. Estas cuestiones no sólo son relevantes para comprender el panorama general de la delincuencia en América Latina, sino que son fundamentales a la hora de considerar remedios para la delincuencia y la justicia penal.

América Latina enfrenta la difícil tarea de desarrollar un sistema de justicia penal que aborde las complejidades que rodean el crimen regional y su perpetuación por influencias globales. Nuevamente, citando a Vilalta, “Es cierto que el crimen y la violencia han ido aumentando a lo largo del siglo XXI en América Latina. También es cierto que la policía, el poder judicial y el sistema penitenciario rara vez funcionan lo suficientemente bien, al menos en la mayoría de los países de la región. De hecho, su desempeño está muy por debajo de lo esperado”.

Castigo por crímenes cometidos en América Latina

Los castigos y penas por crímenes cometidos en América Latina se han disparado en las últimas décadas. En un intento continuo (pero fallido) de detener los delitos relacionados con las drogas ilícitas, los infractores de drogas a menudo reciben sentencias más largas que los asesinos y violadores.

Por ejemplo, en 1950, la sentencia máxima promedio por un delito de drogas era de 34 años de prisión. En 2013, la pena máxima promedio por un delito de drogas era de 141 años de prisión.

Aunque estas políticas pretenden reducir la violencia del narcotráfico, sólo la han empeorado en muchos sentidos. Cuando se crea una vacante en el tráfico de personal debido a la intervención policial, otros proveedores se acercan para cubrir la demanda, y esto puede llevar a más guerras entre los cárteles. Mientras tanto, los traficantes de bajo nivel y los usuarios no violentos languidecen en prisión, a menudo más que los asesinos.

Citando a Addicted to Punishment: The Desproportionality of Drug Laws in Latin America, (Adicto al castigo: la desproporcionalidad de las leyes de drogas en América Latina), “Al comparar el asesinato con el narcotráfico, el supuesto lógico es que las penas por asesinato deben ser más altas porque resulta en un daño concreto a un derecho legal protegido muy importante: la vida humana. y la integridad personal, mientras que la trata, en sí misma, no produce tal daño”.

Las condiciones que rodean el encarcelamiento son malas, con sentencias injustas, hacinamiento, malas condiciones carcelarias, falta de reintegración social después de la liberación y trato inhumano a los presos.

Reforma de la justicia penal en América Latina

Es evidente que un aumento exponencial de las penas ha resultado ineficaz para frenar los delitos relacionados con las drogas. Además, la inhumanidad y la inviabilidad de estas políticas han perpetuado violaciones de derechos humanos fundamentales para las víctimas y los perpetradores.

Las cuestiones de la justicia penal y la reforma penitenciaria en América Latina han acaparado la atención internacional en los últimos años. Los movimientos populares y las incipientes instituciones democráticas están pidiendo el desarrollo de programas de justicia penal más justos y humanos en toda América Latina.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito está trabajando con órganos judiciales latinoamericanos para inculcar una misión hacia la reforma dentro de los países latinoamericanos. El objetivo es abordar los efectos directos de una justicia penal imperfecta. Citando a la UNDODC, “El encarcelamiento afecta de manera desproporcionada a las personas y familias que viven en la pobreza. También supone una carga para el sistema de salud pública de un país, dado que en muchos lugares es probable que los reclusos sufran problemas de salud que no recibirán la atención adecuada dentro de la prisión. Además, el encarcelamiento perturba las relaciones y las familias, debilitando así la cohesión social”.

Una reforma duradera requerirá cambios de políticas, no sólo a nivel regional, sino también a nivel global. La reducción de la demanda a través de la educación y la legislación, así como políticas de inmigración más estrictas en otras áreas del mundo, pueden fortalecer los intentos de mejorar el sistema de justicia latinoamericano.

Existe un interés creciente entre los países desarrollados por mejorar el sistema de justicia latinoamericano. Es de esperar que este interés dé lugar a esfuerzos globales eficaces y coordinados lo suficientemente sustanciales como para lograr un progreso real.

Fuentes:

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